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 Debido a la amenaza del cambio climático y a la creciente escasez de combustibles fósiles, el mundo se encuentra en una importante encrucijada, y los caminos que se tomen hoy pueden desembocar en consecuencias lamentables para las generaciones futuras. Es necesario adoptar decisiones difíciles en materia de políticas –y respaldarlas mediante la acción– para reducir de forma drástica las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
En este contexto, incentivar el uso de agrocombustibles para el transporte y de bioenergía para la generación de electricidad es una opción muy atractiva tanto para la industria como para los gobiernos. Los agrocombustibles se presentan como una opción prometedora para reducir las emisiones de dióxido de carbono en el sector del transporte, en rápida expansión. Sin embargo, cada vez son más y más sólidas las pruebas que demuestran que, lejos de reducir las emisiones globales, su uso acelerará de forma significativa el cambio climático. La Comisión Europea, los Estados miembro de la UE y muchos países de todo el mundo están estableciendo medidas de apoyo y creando alianzas para promover el uso de agrocombustibles.
Las medidas de apoyo, plasmadas en políticas o leyes, pueden incluir, entre otras, fijar objetivos voluntarios (‘indicativos’) u obligatorios sobre el uso de agrocombustibles, conceder desgravaciones fiscales u otorgar subvenciones. En un futuro cercano, la producción de agrocombustibles se podría fomentar también de otras formas como, por ejemplo, ayuda financiera a través del Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) contemplado por el Protocolo de Kyoto. Los agrocombustibles y otros tipos y usos de bioenergía necesitan un fuerte respaldo público (que incluye los mencionados objetivos, subvenciones y desgravaciones fiscales) para poder ganar cuota de mercado. Estos incentivos se están justificando alegando que los agrocombustibles aportan ventajas climáticas, a pesar de que ya se prevén profundos problemas sociales y medioambientales a consecuencia del aumento de su producción: deforestación y destrucción de ecosistemas, escasez de agua, conflictos agrarios, empobrecimiento y despoblación rurales, violaciones de los derechos humanos, inseguridad alimentaria y exacerbación de la soberanía alimentaria. Además, cada vez hay más dudas sobre las verdaderas ventajas climáticas de estos cultivos, sobre todo cuando se tienen en cuenta los cambios en los usos del suelo y el desplazamiento de tierras que entrañan. Esta paradójica situación ha llevado a que se considere necesario contar con unas salvaguardias de ‘sostenibilidad’ respecto a los agrocombustibles. El debate sobre si hay algún sistema de certificación que pueda garantizar unos agrocombustibles sostenibles –y en qué condiciones– es de una importancia capital, y exige urgentemente la participación de las organizaciones de la sociedad civil, pues sus resultados serán de gran alcance. He aquí algunas de las cuestiones clave: ¿Cómo es posible que la demanda de agrocombustibles de la UE, de la que se prevé un fuerte aumento, sea ‘sostenible’ cuando la misma UE importa ya grandes cantidades de materias primas no sostenibles para otros usos? ¿Los criterios de sostenibilidad y los cálculos de gases de efecto invernadero tendrán en cuenta macroimpactos como el desplazamiento de tierras? ¿Qué otros obstáculos se deben superar para que los sistemas de certificación de sostenibilidad sean eficaces? ¿Quién decide realmente lo que es sostenible? ¿Y cómo se abordan los conflictos de interés entre grupos sociales en los países productores? ¿Es buena idea utilizar un enfoque ‘meta-estándar’ que se base en los procesos de certificación existentes? ¿Plantean las actuales propuestas de la UE sobre criterios de sostenibilidad los impactos directos e indirectos de forma adecuada? ¿Cómo se relacionaría tal programa de sostenibilidad con la financiación del MDL para los proyectos de agrocombustibles? El capítulo 1 de este informe presenta un breve resumen de la actual campaña de promoción del uso de agrocombustibles en el transporte a través de las normativas de la UE. El capítulo 2 analiza las diversas iniciativas que se han puesto en marcha para crear sistemas de certificación de sostenibilidad para los agrocombustibles (que a veces incluyen a toda la bioenergía). En el capítulo 3, se exponen algunos de los aspectos problemáticos de los estudios sobre el equilibrio de gases de efecto invernadero de los agrocombustibles. El capítulo 4 explora la posibilidad de que la expansión de los agrocombustibles pueda ser financiada, en el futuro, a través del MDL contemplado por el Protocolo de Kyoto.   
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